En pleno proceso de divorcio, la esposa interpone una denuncia penal contra su marido (nuestro cliente) por acceder a los datos que contenía su correo profesional y su teléfono. Tras más de un año de investigación y la actuación de tres peritos informáticos, el juzgado acaba de archivar la denuncia por no existir pruebas en contra de nuestro cliente. Lo hace tras haberlo solicitado así el Ministerio Fiscal, que considera en su escrito que "los hechos deben encuadrarse en una situación de crisis matrimonial, con una denuncia inmediatamente posterior y que pone el acento precisamente en un correo en el que el investigado le comunica a la denunciante el fin irremediable y absoluto de su vínculo matrimonial". Es el claro ejemplo de que, a veces, ante el divorcio, surgen denuncias penales que suelen ir encaminadas a dar una mala imagen del otro en el juzgado de familia, de cara a ganar puntos en las custodias de los hijos.